Para terminar con las dudas en torno a quién dió la orden para que la policía levantara el vallado, el procurador general de la provincia buscará determinar si corresponde a una responsabilidad de orden provincial y nacional. Su argumento fue que “pudo haber estado en riesgo la seguridad presidencial”; aunque no investigará la marcha contra el presidente que convocó a 100 manifestantes.
SALTA 18 de junio de 2021 El Expreso de Salta
Muchos interrogantes se abrieron luego de que se diera a conocer que alrededor de 100 personas se movilizaran para saludar a Alberto Fernández en su visita a Salta, mientras permanecía en el Hotel Sheraton. El gran dilema fue que el Hotel estaba cubierto por un estricto vallado de policías que tenían órdenes de permitir el pase solo a personas que figuraban en una seleccionada lista o que disponían de la pulsera que funcionaba como invitación exclusiva. Sin embargo, la columna de agrupaciones kirchneristas como el Movimiento Evita, la CCC, Barrios de Pie y Kolina, lograron superar el vallado y hasta circulan videos que dan cuenta del momento en que la policía habilita el paso.
La responsabilidad rebota entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, logrando hasta la presentación de la renuncia de Francisco Aguilar, presidente del Comité Operativo de Emergencia. Juan Manuel Pulleiro responsabiliza al presidente, Wado de Pedro y Santiago Cafiero al gobierno provincial. Lía Caliva en declaraciones públicas sostuvo que el propio Pulleiro dio el visto bueno a su ingreso. En simultáneo se produjo una movilización que lejos de buscar el saludo de Alberto, le manifestó su repudio a través de una gran caravana de autos, bocinazos y el corte de algunas cuadras del Paseo Güemes y la Avenida del Bicentenario, convocando alrededor de 100 personas.
A dos días de los acontecimientos, Abel Cornejo, procurador general de la provincia, sostuvo en múltiples medios de comunicación que iniciará una investigación para determinar quién habilitó el ingreso de los militantes, y si correspondía a una responsabilidad de orden nacional o provincial. Al respecto, mencionó que iniciará con la información recabada por los medios y los videos que circularon en estos sobre el hecho que consideró “muy graves”. En este sentido, recalcó que “la seguridad presidencial pudo haber estado en riesgo” y que “más allá de culpas de un lado o del otro, lo que nosotros debemos saber es qué es lo que pasó. Habiéndose exigido pulseras identificatorias, y tomado una serie de disposiciones previas para el ingreso al monumento a Güemes, qué pasó para que se hayan suscitado unos desbordes que preocupan, por la seguridad presidencial y por la salud pública”. Y remarcó: “pudo haber tenido implicancias mayores que en este momento estaríamos lamentando”.
Cabe destacar que no se refirió a la marcha contra Alberto Fernández, que detrás del vallado, se dirigía a él con insultos y amenazas; además de producir disturbios sobre las calles al son de las cacerolas, mientras exigían que el presidente “se sacara el poncho”. Sin embargo, el procurador Albel Cornejo no mostró interés en investigar estos hechos también.
Por otro lado, analizó que el los poderes de la provincia son autónomos a los de la Nación, por lo que remarcó la importancia de las responsabilidades que le competen a la provincia. Además, contó que por la visita del primer mandatario, la fiscalía de turno y la Dirección de Investigaciones, estuvieron alerta a cualquier situación que se pudiera generar.
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