La Unidad conformada por los fiscales penales Santiago López Soto, Verónica Simesen de Bielke y Federico Jovanovics, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene a diez personas acusadas de comercializar estupefacientes en la Unidad Carcelaria 1 de la Ciudad de Salta.
JUDICIALES 19 de mayo de 2021
Las imputaciones recayeron sobre Nicolás Ezequiel Martínez Fleitas, Cristina Alejandra Santander Contrera, Rocío Alejandra Rodríguez, Micaela del Valle Alderete y Guillermo Alejandro Alfredo Lozano, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y por cometerse en un establecimiento de detención.
En tanto, Daniel Nicolás Valeriano, Miguel Martín Navarro y Pablo Alexis González Hussain, fueron imputados por el delito de
Además, Claudia Graciela Carrizo, fue acusada del delito de comercialización de estupefacientes en carácter de autora, mientras que Miguel Martín Navarro, fue acusado del delito de portación de arma de fuego de uso civil.
Con respecto a la participación del imputado Guillermo Alejandro Alfredo Lozano, se acreditó que dentro de la organización delictiva, era el encargado de conseguir la sustancia estupefaciente mediante comunicaciones telefónicas desde el interior de la Unidad Carcelaria, tarea que realizaba junto a su pareja Cristina Alejandra Santander Contrera, quien además fraccionaba y distribuía la sustancia a otro de los imputados para su comercialización dentro de establecimiento, para luego recaudar el dinero de la actividad ilícita.
Tanto Santander Contrera como Lozano, comercializaban la sustancia estupefaciente en el interior de la Unidad Carcelaria. La que cobraba a los internos o a sus familiares era la primera de las mencionadas, a través de una cuenta de mercado pago. Esa actividad ilícita fue reconocida por Santander Contreras al declarar en fiscalía y en presencia de su abogado defensor.
Allanamientos realizados el 17 de diciembre de 2020 en el domicilio de Santander Contrera, en barrio 17 de Octubre, permitieron el secuestro de dinero en efectivo y un teléfono celular; mientras que de la celda 15 del Pabellón B1 de la Unidad Carcelaria 1, ocupada por Lozano, se secuestró dinero en efectivo, un DVD, una billetera con un papel con anotaciones de apodos, sumas de dinero y un celular.
Además, un procedimiento que tuvo lugar en la rotonda de acceso a la Universidad Católica, permitió la detención de Santander Contreras, a quien se le secuestró sustancia estupefaciente que llevaba a su pareja a la cárcel y otro celular.
Con respecto a la participación de Rocío Alejandra Rodríguez y Nicolás Ezequiel Martínez Fleitas, fue corroborado que conseguían estupefacientes para ingresarlos junto con los imputados Lozano y Santander Contreras a la Unidad Carcelaria 1, para que la vendan en el interior del establecimiento penitenciario.
También se sustenta la acusación en los elementos secuestrados durante el allanamiento al domicilio de los imputados Martín Navarro y Rocío Rodríguez, de calle Independiente al 2700, donde incautaron dinero en efectivo, marihuana y cocaína, una balanza gramera, celulares y un automóvil Chevrolet Agile.
Sobre la imputada Micaela del Valle Alderete, quedó acreditado que era una de las personas que Cristina Santander Contrera y Rocío Rodríguez contactaban para ingresar estupefacientes a la Unidad Carcelaria. El imputado Martín Miguel Navarro era quien conseguía la sustancia estupefaciente, que luego su pareja Rocío Rodríguez y Cristina Santander Contreras, ingresaban a la cárcel. Entre los elementos secuestrados en el domicilio que compartía con Rocío Rodríguez, se destaca la gran cantidad de sustancia estupefaciente y otro teléfono celular.
El imputado Pablo Alexis González Hussein, por su parte, era otro de los encargados de proveer sustancias a la imputada Rocío Rodríguez, para que ella las ingresara al Penal y las entregara a su hermano pata la venta. De su domicilio se secuestró dinero en efectivo, marihuana, una balanza gramera, un celular y un automóvil marca Volkswagen Gol Power.
Otro de los encargados de proveer estupefacientes a la imputada Rocío Rodríguez era el imputado Daniel Nicolás Valeriano.
La acusación también queda corroborada mediante las tareas de vigilancia realizadas en diciembre de 2020 en barrio 23 de Agosto, en una vivienda donde fueron vistos Martín Navarro y Rocío Rodríguez, que permitieron conocer una de las residencias del imputado Daniel Valeriano, donde se observó el vehículo Chevrolet utilizado por Martín Navarro, junto a un Renault Fluence y se pudo divisar que Martín Navarro abordó éste último como acompañante junto a otro sujeto, luego identificado como el imputado Daniel Valeriano.
Del domicilio de Valeriano, en Villa Palacios, se secuestró dinero en efectivo, marihuana, una balanza gramera color gris, 13 semillas de cannabis y una caja con 23 cartuchos calibre 22; mientras que de la vivienda ubicada en barrio 23 de agosto, se secuestró dinero en efectivo, marihuana, teléfonos celulares y un Renault Fluence.
Con respecto de la imputada Claudia Graciela Carrizo, fue acreditado que era otra de las personas que proveían de sustancia estupefaciente a Cristina Santander Contreras para introducirla a la Unidad Carcelaria para su venta. Del domicilio de Carrizo, sito en barrio Bancario, se secuestró dinero en efectivo, cocaína, un colador, un cuchillo con restos de sustancia, una tijera con restos de sustancia, una agenda con anotaciones varias y un teléfono celular.
Por último, la acusación en contra en contra de Martín Navarro, por portación de arma de fuego de uso civil, fue acreditada con el secuestro de su domicilio de barrio Castañares, de un arma de fuego tipo revolver calibre 22 largo, una bolsa plástica con 21 proyectiles punta hueca y otro proyectil calibre 11.25; dos armas de fuego calibre 22, 11 cajas de cartón con 50 cartuchos, a plena disposición del acusado y en carácter de ser utilizadas de forma inmediata, sin contar con las autorizaciones legales para tal fin.
Las imputaciones recayeron sobre Nicolás Ezequiel Martínez Fleitas, Cristina Alejandra Santander Contrera, Rocío Alejandra Rodríguez, Micaela del Valle Alderete y Guillermo Alejandro Alfredo Lozano, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y por cometerse en un establecimiento de detención.
En tanto, Daniel Nicolás Valeriano, Miguel Martín Navarro y Pablo Alexis González Hussain, fueron imputados por el delito de
Además, Claudia Graciela Carrizo, fue acusada del delito de comercialización de estupefacientes en carácter de autora, mientras que Miguel Martín Navarro, fue acusado del delito de portación de arma de fuego de uso civil.
Con respecto a la participación del imputado Guillermo Alejandro Alfredo Lozano, se acreditó que dentro de la organización delictiva, era el encargado de conseguir la sustancia estupefaciente mediante comunicaciones telefónicas desde el interior de la Unidad Carcelaria, tarea que realizaba junto a su pareja Cristina Alejandra Santander Contrera, quien además fraccionaba y distribuía la sustancia a otro de los imputados para su comercialización dentro de establecimiento, para luego recaudar el dinero de la actividad ilícita.
Tanto Santander Contrera como Lozano, comercializaban la sustancia estupefaciente en el interior de la Unidad Carcelaria. La que cobraba a los internos o a sus familiares era la primera de las mencionadas, a través de una cuenta de mercado pago. Esa actividad ilícita fue reconocida por Santander Contreras al declarar en fiscalía y en presencia de su abogado defensor.
Allanamientos realizados el 17 de diciembre de 2020 en el domicilio de Santander Contrera, en barrio 17 de Octubre, permitieron el secuestro de dinero en efectivo y un teléfono celular; mientras que de la celda 15 del Pabellón B1 de la Unidad Carcelaria 1, ocupada por Lozano, se secuestró dinero en efectivo, un DVD, una billetera con un papel con anotaciones de apodos, sumas de dinero y un celular.
Además, un procedimiento que tuvo lugar en la rotonda de acceso a la Universidad Católica, permitió la detención de Santander Contreras, a quien se le secuestró sustancia estupefaciente que llevaba a su pareja a la cárcel y otro celular.
Con respecto a la participación de Rocío Alejandra Rodríguez y Nicolás Ezequiel Martínez Fleitas, fue corroborado que conseguían estupefacientes para ingresarlos junto con los imputados Lozano y Santander Contreras a la Unidad Carcelaria 1, para que la vendan en el interior del establecimiento penitenciario.
También se sustenta la acusación en los elementos secuestrados durante el allanamiento al domicilio de los imputados Martín Navarro y Rocío Rodríguez, de calle Independiente al 2700, donde incautaron dinero en efectivo, marihuana y cocaína, una balanza gramera, celulares y un automóvil Chevrolet Agile.
Sobre la imputada Micaela del Valle Alderete, quedó acreditado que era una de las personas que Cristina Santander Contrera y Rocío Rodríguez contactaban para ingresar estupefacientes a la Unidad Carcelaria. El imputado Martín Miguel Navarro era quien conseguía la sustancia estupefaciente, que luego su pareja Rocío Rodríguez y Cristina Santander Contreras, ingresaban a la cárcel. Entre los elementos secuestrados en el domicilio que compartía con Rocío Rodríguez, se destaca la gran cantidad de sustancia estupefaciente y otro teléfono celular.
El imputado Pablo Alexis González Hussein, por su parte, era otro de los encargados de proveer sustancias a la imputada Rocío Rodríguez, para que ella las ingresara al Penal y las entregara a su hermano pata la venta. De su domicilio se secuestró dinero en efectivo, marihuana, una balanza gramera, un celular y un automóvil marca Volkswagen Gol Power.
Otro de los encargados de proveer estupefacientes a la imputada Rocío Rodríguez era el imputado Daniel Nicolás Valeriano.
La acusación también queda corroborada mediante las tareas de vigilancia realizadas en diciembre de 2020 en barrio 23 de Agosto, en una vivienda donde fueron vistos Martín Navarro y Rocío Rodríguez, que permitieron conocer una de las residencias del imputado Daniel Valeriano, donde se observó el vehículo Chevrolet utilizado por Martín Navarro, junto a un Renault Fluence y se pudo divisar que Martín Navarro abordó éste último como acompañante junto a otro sujeto, luego identificado como el imputado Daniel Valeriano.
Del domicilio de Valeriano, en Villa Palacios, se secuestró dinero en efectivo, marihuana, una balanza gramera color gris, 13 semillas de cannabis y una caja con 23 cartuchos calibre 22; mientras que de la vivienda ubicada en barrio 23 de agosto, se secuestró dinero en efectivo, marihuana, teléfonos celulares y un Renault Fluence.
Con respecto de la imputada Claudia Graciela Carrizo, fue acreditado que era otra de las personas que proveían de sustancia estupefaciente a Cristina Santander Contreras para introducirla a la Unidad Carcelaria para su venta. Del domicilio de Carrizo, sito en barrio Bancario, se secuestró dinero en efectivo, cocaína, un colador, un cuchillo con restos de sustancia, una tijera con restos de sustancia, una agenda con anotaciones varias y un teléfono celular.
Por último, la acusación en contra en contra de Martín Navarro, por portación de arma de fuego de uso civil, fue acreditada con el secuestro de su domicilio de barrio Castañares, de un arma de fuego tipo revolver calibre 22 largo, una bolsa plástica con 21 proyectiles punta hueca y otro proyectil calibre 11.25; dos armas de fuego calibre 22, 11 cajas de cartón con 50 cartuchos, a plena disposición del acusado y en carácter de ser utilizadas de forma inmediata, sin contar con las autorizaciones legales para tal fin.
El sábado, cerca del mediodía se dio a conocer el hallazgo del vehículo de Luis Quesada, el remisero de la localidad de Pichanal que salió de su casa el martes pasado, y no se sabe dónde está. Y que ahora es buscado por su familia y también por la policía.
No sólo las inundaciones son noticias en La Silleta. También lo son por casos lamentables en fiestas de amigos. Una de ellas realizada el viernes terminó con varios amigos lamentando daños impensados por los concurrentes a esa fiesta que pintaron con aerosol todo lo que encontraron a su paso en la mencionada urbanización. Otra fiesta que terminó mal se desarrolló el sábado y se interrumpió cuando uno de los presentes, por razones que se tratan de establecer, recibió un disparo mortal en el pecho, con un arma reglamentaria. Hay tres detenidos: el agente propietario de la pistola Versa y otros dos amigos que participaban de esa insólita fiesta.
Pasado el mediodía de este domingo, un llamado al Sistema 911 alertó sobre que en el domicilio de Avenida Belgrano al 1700 se encontró el cuerpo de una mujer sin vida. El denunciante era el juez Exequiel Molinati y la mujer sin vida, su esposa Paola Mercedes Vega. Por orden judicial, el escenario del caso quedó resguardado para la investigaciones del caso a cargo del CIF. Antecedentes.
Se realizaron allanamientos en varias viviendas de villa San Antonio, en donde se secuestró más de 10 mil dosis de drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, entre otros elementos vinculados a la causa.
El hecho fue denunciado por la madre de un menor, al tomar conocimiento de que había sido citado por un exfuncionario de la municipalidad en un punto de encuentro en la zona del parque San Martín. Finalmente no declaró el acusado de grooming y fue imputado de forma provisional.
Los abogados de la familia de Florencia Acosta, una de las víctimas fatales en el siniestro de avenida Paraguay el domingo pasado, expresaron que accedieron a las capturas de los videos, pero que, entre el lunes o martes, tendrán el acceso a los materiales fílmicos.
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
El diputado provincial lamentó el hecho porque desprestigia a la actividad. “Después se hace difícil convencer a las comunidades que la minería es algo bueno”. Y pidieron desde la Comisión de Minería que al Ejecutivo que explique si “se están respetando las leyes”.
El legislador que preside la comisión de Minería, alertó que, más allá de que desde el Gobierno les decían que venían haciendo controles y que las empresas cumplían, “lo de Posco pasó en Güemes, enfrente de todos”. Pidió sanciones fuertes si se comprueban irregularidades.
El diputado provincial por la Capital, dejó entrever que el ex gobernador en 2011 usó el FRH para la campaña para su hermano que era candidato a senador. Y que el segundo crédito “fue un préstamo político que se usó para la campaña de 2015. “Estamos pagando una deuda por obras que no se hicieron”, aseguró Romero.
El legislador provincial le contestó al ex mandatario que esta semana le pegó a los Romero en una entrevista en El Expreso. Dijo que con JMU cayó la obra pública del 23% a 3% y de ser envidiada por Jujuy y Tucumán, cuando se fue “nos habían pasado por arriba”. “Nunca le interesó Salta, lo usó como un trampolín para irse a Buenos Aires”, criticó.