Le negaron la prisión domiciliaria al comisario Walter Mamaní

Entre sus fundamentos, el magistrado interviniente sostuvo que el acusado Mamaní, no cursa una enfermedad que su alojamiento en la División de Caballería de Salta le impida recuperarse o tratar adecuadamente. El imputado tampoco padece una afección terminal. Además, no se vislumbra que presente alguna discapacidad y que su alojamiento en la División Caballería implique un trato indigno, inhumano o cruel.

Por otra parte, Mamaní, de 38 años, no es responsable exclusivo del cuidado de menores de cinco años a su cargo o de una persona con discapacidad.

El magistrado sostuvo que objetivamente pudo observarse que el sindicado no cumple con los requisitos establecidos por la normativa aplicable.
Y sostuvo que resulta loable que la defensa expusiera los graves problemas que acarreados por la propagación del coronavirus a nivel mundial y nacional, al citar jurisprudencia de tribunales nacionales y federales en cuanto a los recaudos y recomendaciones que se deberían seguir.

Sin embargo, consideró que tales esfuerzos resultan inútiles y fuera de contexto, si se analiza que su asistido se encuentra alojado en una división de la policía de Salta y que según los informes remitidos, no se han registrado casos de contagios dentro de esa unidad.

Tampoco se observó que Mamaní haya sido expuesto, al estar privado de su libertad, a situaciones de hacinamiento, condiciones insalubres o degradantes.

Por último, sostuvo que no puede escapar al presente análisis que al imputado se le atribuye la comisión de delitos de gravedad.

La causa

El martes 14 de julio, la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, realizó la audiencia de imputación contra el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, quien fue imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas, con fines de venganza. El acusado se presentó en la fiscalía ubicada en Ciudad Judicial, donde fue asistido por su defensa y optó por declarar.

En tanto, el lunes 13 de julio, declararon en la fiscalía penal de Joaquín V. González el resto de los efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado de Apolinario Saravia, acusados de los mismos delitos. Se trata de la sargento Julia Díaz, el sargento Sergio Argañaraz y el cabo Juan Giménez.

La fiscal penal Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditado que aproximadamente a las 4 de la mañana del pasado 28 de junio, mientras el denunciante Luciano Diez circulaba lentamente con su vehículo por avenida 9 de Julio, en inmediaciones de Parque Norte – Sala Nido de Apolinario Saravia, apareció en sentido contrario el móvil policial Nº 1745, conducido por el cabo Juan Giménez, acompañado por el sargento Sergio Argañaraz, la sargento Julia Díaz y el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, quienes sin motivo alguno, realizaron la detonación de, al menos, cuatro disparos con la intención de amedrentar a Luciano Diez.

Tras esto, se dirigieron al domicilio del denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y darse a la fuga, por lo que los acusados privaron al damnificado ilegalmente de su libertad, ya que no había motivos que autorizaran al personal policial para aprehenderlo.

Para avalar la restricción ilegal, los acusados armaron una causa penal, en la que el comisario Walter Ezequiel Mamaní formuló una denuncia en contra de Luciano Diez por el delito de atentado a la autoridad.

Además, durante el traslado de Luciano Diez y luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, los acusados lo sometieron a malos tratos físicos y psíquicos.

Por otra parte, el jueves 6 de agosto, la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó al auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal de J.V. González – Delegación Apolinario Saravia, Sergio Dantur, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado en concurso real.

Oportunamente, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo dispuso el inicio de un nuevo sumario instruido por la fiscal María Celeste García Pisacic.