Ocurrió en la localidad de Fuerte Quemado, Rosario de la Frontera, donde el juez de Paz de El Potrero, llevó a cabo el desalojo de un hombre de una finca, sin encontrarse facultado para ello.
JUDICIALES 10 de septiembre de 2020
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó a Ceferino Antonio Enciso como autor del delito de usurpación de autoridad en perjuicio de un vecino de Fuerte Quemado y de la Administración Pública.
La denuncia fue radicada por un vecino de Finca San Juan el pasado 20 de agosto. Allí señala que vive hace 20 años en una precaria vivienda en una finca a la vera del río Copo Quile con el consentimiento de su propietaria y que ese día, se presentó Enciso en calidad de juez de Paz, acompañado de dos trabajadores de la finca y con cobertura de seguridad de efectivos policiales y lo desalojó del lugar.
Rodríguez López abrió entonces decreto de imputación al considerar que el imputado realizó un desalojo sin encontrarse facultado para ello (conforme ley orgánica N° 5594), asumiendo funciones correspondientes a otro cargo, en este caso, las atribuidas por ley a un órgano jurisdiccional.
Enciso estuvo acompañado de un defensor oficial durante la audiencia de imputación e informó que declarará por escrito.
Los abogados de la familia de Florencia Acosta, una de las víctimas fatales en el siniestro de avenida Paraguay el domingo pasado, expresaron que accedieron a las capturas de los videos, pero que, entre el lunes o martes, tendrán el acceso a los materiales fílmicos.
Julieta Nahir Siles fue encontrada sin vida en una obra en construcción en un barrio casi deshabitado de la ciudad de General Güemes, el domingo por la tarde. El cuerpo -según el informe del CIF- no presentaba lesiones externas que evidencien signos de violencia y se intuye que el deceso se habría producido por una arritmia, insuficiencia cardiorrespiratoria o muerte súbita. Sin embargo, familiares y amigos de Yuliana realizarán esta noche una marcha para pedir "Justicia por Yuli.
Dos vehículos chocaron frontalmente en el camino de acceso al predio de la Virgen del Cerro. En uno viajaban dos mujeres, una de las cuelaes falleció cuando era atendida en el hospital. El conductor del otro vehículo, dio positivo de alcoholemia, quedó detenido por orden judicial.
La mujer policía que vino desde Buenos Aires y le explotó el vehículo a segundos de cargar el tanque de GNC, pareció desconocer toda la ciencia que significa la utilización de gas licuado en automotores y cómo se preparan los cilindros para su almacenamiento. El interrogante es si realmente se trataba de un cilindro habilitado para ello, o utilizó uno similar en donde además de ponerle paquetes de cocaína, pidió que lo llenaran de GNC, y que no resistió la presión de la carga y explotó dejando añicos al Ford Fiesta y toda la droga desparramada en la estación de servicio oranense.
El hecho fue denunciado por la madre de un menor, al tomar conocimiento de que había sido citado por un exfuncionario de la municipalidad en un punto de encuentro en la zona del parque San Martín. Finalmente no declaró el acusado de grooming y fue imputado de forma provisional.
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
El ex vocero presidencial tenía rango de subsecretario y, con este ascenso, pasa a calificar como secretario, a lo cual corresponde un cobro más alto. Según la información pública disponible, mientras que por febrero un subsecretario cobró $4.418.575,43 brutos, un secretario percibió $4.864.945,09.
El ministro de Seguridad de la provincia de Salta, Marcelo Domínguez, estuvo en la cámara de Diputados, para exponer el proyecto de obra, que beneficiaría no solamente al penal de Villa Las Rosas, sino también, a la localidad de Metán, por la súper población que allí existe en las celdas.
El diputado provincial lamentó el hecho porque desprestigia a la actividad. “Después se hace difícil convencer a las comunidades que la minería es algo bueno”. Y pidieron desde la Comisión de Minería que al Ejecutivo que explique si “se están respetando las leyes”.
El legislador que preside la comisión de Minería, alertó que, más allá de que desde el Gobierno les decían que venían haciendo controles y que las empresas cumplían, “lo de Posco pasó en Güemes, enfrente de todos”. Pidió sanciones fuertes si se comprueban irregularidades.