Se trata de Elvio Rolando Aguirre, quien cumplía la consigna fija y personal en protección de la mujer al momento del crimen y de Abel Mónico Córdoba, que se desempeñaba como jefe de guardia de la subcomisaría de Los Pinares el pasado 24 de diciembre. La Fundación Cintia Fernández se presentó como querellante.
JUDICIALES 22 de julio de 2020
El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 7, para Elvio Rolando Aguirre como autor de los delitos de abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal y para Abel Mónico Córdoba como autor del delito de violación de medio de prueba, registros o documentos.
En el requerimiento, Torres Rubelt expresa que en el marco de la investigación que se lleva adelante por el femicidio de Liliana del Valle Flores, se pudo determinar que del relevamiento de testigos y del análisis del celular del efectivo, al momento en que se produjeron las detonaciones en el interior de la vivienda de Flores, Aguirre se encontraba manteniendo una comunicación telefónica personal con una mujer, la que interrumpió al escuchar los disparos y para comunicarse con la dependencia policial de la que dependía.
El fiscal hace hincapié en el hecho de violencia familiar que se registró horas antes del femicidio, cuando la mujer alertó que su expareja la había golpeado y amenazado con un arma de fuego, y en que la consigna fija y personal que se le asignó a la víctima, debía velar por su bienestar y el de sus hijos hasta que Hedgar Exequiel Almirón fuera detenido.
En el caso de Córdoba, quien se desempeñaba como jefe de guardia de la subcomisaría de Los Pinares el pasado 24 de diciembre, la acusación sobreviene a partir del resultado de la pericia documentológica realizada por el Departamento de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales a uno de los registros del libro de guardia de la Subcomisaría de barrio Los Pinares, secuestrado el 24 de diciembre pasado, tras el femicidio de Liliana del Valle Flores.
En el registro de las 6.40 del 24 de diciembre de 2019 del instrumento público, se pudo comprobar que hubo adulteraciones en relación a las directivas dadas inicialmente por la Fiscalía Penal de Cerrillos tras la denuncia realizada por la víctima durante la madrugada.
Cabe señalar que la Fundación Cintia Fernández se presentó el pasado lunes ante el Juzgado de Garantías 7 como querellante en la causa y espera la resolución de la jueza Edith Rodríguez.
Pasado el mediodía de este domingo, un llamado al Sistema 911 alertó sobre que en el domicilio de Avenida Belgrano al 1700 se encontró el cuerpo de una mujer sin vida. El denunciante era el juez Exequiel Molinati y la mujer sin vida, su esposa Paola Mercedes Vega. Por orden judicial, el escenario del caso quedó resguardado para la investigaciones del caso a cargo del CIF. Antecedentes.
A días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una joven de 24 años denunció haber sido violada en un hotel por cuatro jugadores de Vélez Sarsfield que la semana pasada estuvieron en Tucumán para enfrentar a Atlético. Según la denuncia, ella habría sido convocada por Instagram por el arquero uruguayo Sebastián Sosa. Una vez en el hotel, aparecieron otros tres jugadores, la invitaron a tomar un vino, perdió el conocimiento, momento que habría sido aprovechado por los denunciados para cometer el aberrante hecho.
El hecho fue denunciado por la madre de un menor, al tomar conocimiento de que había sido citado por un exfuncionario de la municipalidad en un punto de encuentro en la zona del parque San Martín. Finalmente no declaró el acusado de grooming y fue imputado de forma provisional.
Dos vehículos chocaron frontalmente en el camino de acceso al predio de la Virgen del Cerro. En uno viajaban dos mujeres, una de las cuelaes falleció cuando era atendida en el hospital. El conductor del otro vehículo, dio positivo de alcoholemia, quedó detenido por orden judicial.
Tal como estaba previsto se realizó la noche del martes en la ciudad de General Güemes la marcha reclamando justicia en el caso que le costó la vida a Julieta Nahír Siles. Sorprendió la ausencia de principales autoridades del departamento, de concejales mujeres, y las denuncias de las oradoras de una campaña de difamación de la víctima, e incluso de amenazas anónimas. "Esta marcha no es contra nadie, sino para pedir justicia", aclaró una de las organizadoras. "Si es necesario salir todos los días para que se esclarezca lo que pasó, lo vamos a hacer", prometió otra.
No sólo las inundaciones son noticias en La Silleta. También lo son por casos lamentables en fiestas de amigos. Una de ellas realizada el viernes terminó con varios amigos lamentando daños impensados por los concurrentes a esa fiesta que pintaron con aerosol todo lo que encontraron a su paso en la mencionada urbanización. Otra fiesta que terminó mal se desarrolló el sábado y se interrumpió cuando uno de los presentes, por razones que se tratan de establecer, recibió un disparo mortal en el pecho, con un arma reglamentaria. Hay tres detenidos: el agente propietario de la pistola Versa y otros dos amigos que participaban de esa insólita fiesta.
El diputado reconoció presiones y quejas de la empresa prestataria, por costos o bajar la frecuencia de colectivos. Y dijo que la AMT debería licitar el servicio de transporte entre Güemes y Salta, que está vencida y no se llama licitación hace años.
El ex presidente de ASPROMIN cuestionó a los ministros y legisladores por no velar por buenos salarios para los médicos. “Ellos tienen un sueldo diferente; no les importa que un médico rural cobre un salario miserable” dijo.
Bajo el lema “En defensa de la Universidad Pública, la ciencia y la educación”, la Universidad Nacional de Salta definió sumarse a la marcha nacional de las universidades que ocurrirá este martes 23 de abril. La concentración será a partir de las 16 horas en el monumento 20 de febrero.
Cada jubilado recibirá $48 mil que será depositado en dos cuotas de $24 mil cada una, a fines de abril y de junio. Se trata del Fondo creado en febrero pasado por el gobernador Gustavo Sáenz con el objetivo de brindar respaldo económico adicional y mejorar la calidad de vida de los jubilados que perciben haberes mínimos.
La concejal afirmó que “al declarar la emergencia no va a llegar la solución, sino que declarar la emergencia muchas veces da lugar a decisiones que se toman sean aún más discrecionales”.