Durante la sesión de senadores de este jueves se aprobó en definitiva, el proyecto que se establecen disposiciones procesales transitorias para adecuar los trámites judiciales a la emergencia sanitaria. El proyecto que venía con media sanción desde Diputados, tuvo su origen en las Acordadas de la Corte de Justicia durante la Emergencia Sanitaria.
POLÍTICA 03 de julio de 2020 Violeta Gil
A pesar de las manifestaciones en contra que vertieron desde el Colegio de Abogados y funcionarios del Ministerio Público, los senadores dieron sanción definitiva al proyecto de Ley que fija y regula los actos y trámites correspondientes a todos los procesos de los distintos fueros del Poder Judicial de la Provincia, mientras dure la situación sanitaria causada por la pandemia del Covid-19, mediante el mecanismo remoto.
Mientras quienes defendieron este proyecto, aseguran que de este modo se garantiza el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio de las personas, los disidentes afirman que, el sistema remoto habilita vicios de arbitrariedad.
En esta línea se manifestaron los senadores Guillermo Durand Cornejo y Javier Mónico, quienes votaron de forma negativa el proyecto.
Mientras el primero hizo hincapié en la necesidad de hacer valer la opinión del Colegio de Abogados y los profesionales del Ministerio Público quienes “expresaron su profundo rechazo”, en términos del senador.
El segundo consideró que el procedimiento fue prematuro. “Buscamos las formas de corregir el proyecto sin que pierda la celeridad en su sanción”, explicó el senador en diálogo con El Expreso, “lamentablemente esta postura no fue escuchada, por ese motivo decidí no acompañarlo”.
Algunas de las objeciones a la nueva norma es que, no se establece un plazo de finalización de las modalidades procesales transitorias. “Las audiencias remotas puede dar lugar a arbitrariedades o artilugios por algunas de las partes”, finalizó el senador por Rosario de la Frontera.
Con celeridad, las Acordadas de la Corte de Justicia de la Provincia, que en los hechos ya estaban en funcionamiento, ahora tienen carácter de Ley. La nueva norma pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
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