Estafa de la Financiera: "Hay policías víctimas y policías colaboradores", dijo Castiella

Pedro García Castiella, procurador General, brindó una conferencia de prensa para detallar la investigación del Ministerio Público Fiscal sobre los allanamientos y secuestros realizados a una financiera Ríos y Asociados, desde el viernes pasado, que tiene en vilo al Cuerpo de Investigaciones Fiscales, a la Policía de la Provincia y al Ministerio de Justicia y Seguridad.

El procurador hizo hincapié en el “secreto y reserva” de muchas de las actuaciones e involucrados en la causa, ya que podría poner en riesgo la misma, y remarcó que seguramente hayan más imputados. Aseguró que los responsables de la investigación ya pidieron custodia de fuerzas federales.

La investigación comenzó de oficio, se trataba al comienzo de la imagen de una financiera ilegal, réplica de lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Fundación Zoe. García Castiella destacó la importancia de actuar rápidamente ante este tipo de casos, por el crecimiento exponencial de las víctimas de estafa. “No estamos ante un clásico sistema Ponzi, que retorna determinada cantidad de dividendos e intereses, sino que se ha detectado un retorno bastante veloz, que haría presumir que se ha nutrido con un flujo adicional que proviene de alguna otra actividad ilícita, que alimente la velocidad del retorno de esta actividad financiera”, profundizó el responsable de los fiscales, en referencia a un posible lavado de activos.

En ese inicio, “se sospechaba que la mayor parte de los inversores eran víctimas, personal policial víctimas, en una gran mayoría personas inferiores o de jerarquías, pero víctimas, no esperábamos encontrarnos con otros tipo de intervenciones, trasvasamiento o intervención de personal jerárquico”, compartió a la prensa el Procurador. Al respecto, denunció que se detectó “un sostenido trasvasamiento de parte de determinados miembros y elementos de la Policía de la Provincia confundidos con la organización en diversos roles; algunos de captación, de participación y colaboración con esta financiera, de sectores y elementos de la policía de la provincia en esa actividad ilícita”, aseguró.

En este sentido, los efectivos policiales vinculados, cumplían roles de captación de incautos, prestando algún tipo de seguridad a la financiera y hasta filtrando información hacia afuera de la investigación, “dando apoyo, aún en la clandestinidad, brindando colaboración o dejando trascender al personal que se encuentran prófugos”, puntualizó García Castiella, detallando que de este canal de información gozó la principal organizadora, que también está prófuga.

“Determinados jerárquicos -no podemos dar nombres- se encuentran vinculados en la funcionalidad, en los montos de  los dividendos con los que se han percibido y en la cronología de posicionamiento que se encuentra en la organización piramidal, en los primeros lugares”, aseguró el letrado. Sin embargo, también remarcó que hay policías víctimas de las estafas de la financiera, “mucho personal policial víctima del trabajo de esta organización delictiva y hay que separar víctimas de quienes tienen roles de colaboración y beneficio en estas organizaciones, trasvasados a algunos sectores de la policía”.

García Castiella también expuso que uno de los principales investigadores de la Unidad de Delitos Económicos, “cuyo nombre figuraba en el oficio de la orden de allanamiento, empezó a recibir un peligroso hostigamiento”, a través de WhatsApp y otras redes sociales desde el sábado, con la divulgación de fotos suyas y con sus familiares. 

Salinas Odorisio advirtió que, previo a los allanamientos, existieron filtraciones que permitieron a cuatro personas –entre ellas, la organizadora de la financiera- darse a la fuga, posiblemente con parte del dinero de los inversores. En cuanto a los ocho detenidos, indicó que fueron imputados por estafas reiteradas (en un número indeterminado de hechos), falsedad de instrumento privado, y asociación ilícita, todo en concurso real, y en calidad de coautoras. A ello el Procurador agregó también que oportunamente se dará también intervención a la justicia federal, por la eventual ocurrencia de delitos de esa jurisdicción.

Sobre el audio que una de las prófugas envió a varias víctimas asegurando que devolvería el dinero, la fiscalía remarcó que tomará medidas con aquellas personas -pertenezcan o no a las fuerzas de Seguridad- que colaboren de alguna manera con los fugitivos ya que estarían incurriendo en el delito de encubrimiento. Además, se precisó que, en la medida en que la investigación avance, es intención del Ministerio Público Fiscal recuperar la mayor cantidad de dinero posible para restituir a las víctimas de esta financiera. Remarcaron que las víctimas de la financiera que denuncien, deberán explicar el dinero invertido de manera lógica.

Uso de un CUIL al azar que no tiene que ver con la actividad de una financiera; utilización de la firma de una abogado -que es víctima y que ni siquiera reside en Salta- para la firma de contratos; usurpación de la matrícula profesional de una persona fallecida; movilización de sumas incalculables; ocho detenidos y cuatro fugados con la mayor parte del dinero de las víctimas. Datos insólitos de una causa que sacude a las fuerzas de seguridad por estas horas.