Ampliaron la imputación contra el Intendente Fermani

JUDICIALES 07 de octubre de 2017
A partir de nuevas pruebas, las que surgieron de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Penal de Joaquín V. González, se amplió la acusación penal contra el intendente de Las Lajitas, Alberto Fermani, por los delitos de “fraude a la administración pública” y “falsedad ideológica”.
Fermani

Esta medida procesal, según lo informado por el fiscal penal de esa ciudad, Gonzalo Gómez Amado, se extendió también a Estelina Aguirre, quienes junto a Marisel Alvarez y Eduardo Paiva, ya había sido imputados por la venta irregular de dos viviendas que debían haber quedado en el patrimonio de la provincia, pero fueron vendidas por los acusados.

Por este hecho, el fiscal Gómez Amado imputó el 16 junio pasado a los acusados los delitos de “asociación ilícita en concurso real con enriquecimiento ilícito de funcionario público, imputable a Fermani y Aguirre y en perjuicio de la administración pública”.

La causa penal surge de un expediente que fue girado por Ministerio de Salud Pública, en ese entonces a cargo de Néstor Enrique Heredia, quien puso de manifiesto la irregularidad detectada en la localidad de las Lajitas respecto al uso y destino de dos viviendas, las cuales eran entregadas en comodato a los médicos para que pudieran alojarse en las mismas durante el tiempo que prestaban servicio en el hospital de esa ciudad.

En las actuaciones, se pudo establecer la construcción de tres viviendas con fondos nacionales, con la condición de que posteriormente las mismas queden en manos de la provincia. Una de esa casa quedó luego de varios comodatos en manos de la Municipalidad de Las Lajitas.

Las otras dos, en tanto, se utilizaron para el destino por las cuales fueron construidas, según informó el fiscal. Esto sucedió hasta el año 2013, cuando se advierte que las dos casas se registraron a nombre de un particular, quien a su vez vendió los inmuebles, produciéndose una cadena de ventas hasta que quedaron en manos de Fermani y Aguirre.

En vista de ello, la fiscalía de Joaquín V. González llevó adelante la imputación contra los acusados, como así también avanzó con otras medidas de pruebas tendientes a conocer en detalle las supuestas maniobras. A tal fin, ordenó distintas medidas tendientes a reunir toda la documentación del caso, entre ellas los decretos de entrega de los fondos a la Municipalidad de Las Lajitas para la construcción de los inmuebles hasta los numerosos comodatos que se firmaron cada vez que la vivienda era utilizada por distintos profesionales.

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