“Olor a podrido”

JUDICIALES 23 de noviembre de 2017 Por
La denuncia penal y posterior imputación a la cadena de carnes FRIAR S.A. y LOS COLOMBO S.R.L. por el delito de “tráfico y suministro de mercaderías o medicamentos peligrosos”, sentó precedencia en Salta a nivel país. Ahora, la misma fiscal Gabriela Buabse, quien actuó en la investigación, denunció al abogado Javier Latorre por haber ventilado información del proceso. Se sospecha de una represalia de letrados y el caso pondría en tela de juicio la libertad de prensa.
Francisco-Javier-Latorre-3

Según consta en el expediente, el 17 de marzo de 2.016, un grupo de amigos abogados del foro local, entre los cuales se encontraba Francisco Javier Latorre, fueron al comercio FRIAR S.A. SALTA para comprar carne vacuna. Luego, al llegar al domicilio de uno de los abogados, procedieron a conservar en heladera la carne vacuna recién adquirida y cuando se disponían a cocinarla, notaron que el alimento se encontraba en estado de putrefacción, toxicidad y contaminación, puesto que emanaba un olor nauseabundo lo que no pudo ser advertido al momento de la compra.

Así las cosas, los consumidores concurrieron nuevamente a dicho establecimiento comercial, a fin de efectuar el correspondiente reclamo, siendo atendidos primeramente por un vendedor del lugar, quien constató el mal estado de la carne, y mientras procedía al cambio de mercadería en especie, intervino la Sra. Marisol Colombo Obregon, apoderada de Los Colombos S.R.L., quien dejó constancia de recepción del reclamo, y restitución de la compra realizada en especie, atento el evidente estado del alimento.

Colombo Obregon reconoció  que la mercadería se encontraba en mal estado, y que no fue el primer reclamo en este sentido, existiendo reclamos anteriores por parte de los consumidores, aduciendo al respecto que “tuvieron problemas con los cortes y que habían realizado el reclamo correspondiente ante el Frigorífico”.

A raíz de lo sucedió, se realizó la correspondiente denuncia en Defensa del Consumidor pero nadie tomó intervención correspondiente del asunto por lo que derivó en una denuncia penal por la configuración del delito de “tráfico y suministro de mercaderías o medicamentos peligrosos”, previsto y reprimido por el art. 201 del Código Penal Argentino. La causa calló sobre la Fiscalía Penal Nº 5, a cargo de la Dra. Gabriela Buabse quién, después de una año de investigación, imputó a la apoderada del comercio.

Se supo que conocida la noticia y difundida por el portal web del abogado denunciante y otros medios de prensa, ingresaron más de cincuenta consultas y denuncias de consumidores que habían atravesado situaciones similares en la empresa comercial denunciada, y en otras carnicerías de la ciudad. Se trató de un caso que sin duda alguna, despertó el interés de muchos sectores ya que generalmente este tipo de atropellos contra el consumidor pasivo, quedan archivadas y los grandes comercios continúan infringiendo la ley del consumidor.

Pasado un tiempo prolongado, la fiscal Gabriela Buabse denunció al abogado Latorre ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, por interpretar que había ventilado información del proceso. Sucede que el hermetismo suele rondar en torno a todas las causas con justas razones de no entorpecer la investigación y resguardar la integridad de los testigos pero cotidianamente suele ser objeto de controversias entre la justicia y la prensa.

De acuerdo a la Ley de Ejercicio Profesional en su art. 51, surge que los abogados, “no deben publicar ni inducir a que se hagan públicas noticias o comentarios vinculados a los asuntos en que intervengan, a la manera de conducirlos, la importancia de los intereses comprometidos y cualquier ponderación de sí mismo. Asimismo, impone el deber de abstención de publicar escritos judiciales o discusiones mantenidas en relación a los mismos asuntos”. Pero renglón seguido, la disposición refiere expresamente a las circunstancias que rodean al caso que nos ocupa: “si circunstancias externas o causas particulares muy graves justifican una exposición al público, no debe hacerse anónimamente; y en ese caso, que es mejor evitarlo, no deben incluirse referencias a hechos extraños al proceso, más allá de las citas y documentos de autos.”

Argumentando la difusión del caso, el abogado Latorre expresó en un descargo presentado en El Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta: “La difusión del caso obedece pura y exclusivamente al fin social perseguido, que se trata de un asunto de enorme trascendencia y alarma social, ya que está en juego la salud pública de los consumidores salteños. Que basta la mera consideración del bien jurídico protegido por el tipo penal para comprender cabalmente los riesgos que representa para la salud de todos, el expendio de mercaderías en estado de putrefacción y toxicidad. Que se ha procurado  generar “conciencia social”.

“Estoy convencido de que hay censura y un poco de intento de disciplinamiento por todo lo que vengo diciendo de los fiscales”, sostuvo Francisco Javier Latorre, quien en los últimos tiempos viene generando polémica por las declaraciones sobre una “justicia clasista”.

Además, el abogado sostuvo a El Expreso que la denuncia en su contra “encuentra su apoyo y razón de ser en que se toca gente poderosa (FRIAR S.A.) porque si hubiese hablado o denunciado al carnicero del barrio nada de esto pasaba. Es grave porque si se deja ese antecedente ningún abogado podría hablar con la prensa sobre el avance de una causa y la única fuente de información autorizada sería la página de fiscales (versión oficialista) causando un monopolio”.

Sebastián Alejandro Cardozo

Licenciado en Ciencias de la Comunicación.

Te puede interesar