Jueces de la Corte de Salta tendrán apoyo nacional

POLITICA 05 de abril de 2018 Por Redacción El Expreso
En los próximos días en Santa Fe se reunirán los jueces de las Cortes de todo el país. En ese plenario se debatirá un documento a favor de la inamovilidad de los jueces de la Corte de Justicia de Salta. Los detalles de una pulseada silenciosa.
Ciudad Judicial de Salta
Ciudad Judicial de Salta - Allí funciona la Corte de Justicia de la Provincia.

Salta es la única provincia donde los jueces de la Corte de Justicia o Superior Tribunal de Justicia como se llama en otras provincias, no tienen inamovilidad y dependen de los acuerdos temporarios.

En Salta, los jueces de la Corte de Justicia tienen un mandato de seis años. Es cierto que pueden ser promovidos para un segundo acuerdo, pero siempre será de seis años.

Esta limitación fue introducida en la reforma constitucional de 1998. Hasta ese año, un segundo acuerdo era la puerta a la inamovilidad.

Con la introducción de la cláusula que cerró la puerta a la inamovilidad, Salta se convirtió en la única provincia del país donde su Corte tiene esta característica y sus miembros están sujetos al humor político de turno.

Con ese horizonte, en 2007 la Federación Argentina de la Magistratura presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad del artículo 156 de la Constitución de la Provincia de Salta.

El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió declarando que la causa no correspondía a la instancia originaria. Este pronunciamiento habilitó la presentación de la acción de inconstitucionalidad en Salta.

El ex Camarista Federal Jorge Villada y el Juez Edgardo Albarracín en representación de la Asociación de Jueces del Poder Judicial presentaron sendas acciones de inconstitucionalidad.

Ante la presentación, los seis jueces de la actual Corte de Justicia resolvieron excusarse. Dichas excusaciones deberán ser aceptadas o no por una Corte de Justicia ad hoc integrada por jueces del Tribunal de Impugnación. Es la primera vez que se plantea una acción de inconstitucionalidad de este tipo que integra las denominadas competencias originarias de la Corte. En las causas por competencia derivada, el criterio suele ser dar intervención a jueces de segunda instancia del fuero que correspondiera.

La particularidad de ambas acciones de inconstitucionalidad es que no incluyen una medida cautelar. Si hubiera sido así, se habría interpretado que la misma estaba destinada a darle la inamovilidad a los actuales miembros de la Corte de Justicia.

En ese entendimiento es que ambas acciones van directamente cuestionando la constitucionalidad de la cláusula de 1998.

Esta cláusula rompió con una tradición del constitucionalismo salteño, algo que es marcado por ambas presentaciones y que además invocó el recurso de la FAM de 2007.

Las constituciones de 1855, 1875, 1882, 1888, 1906 y 1921, hablaban sobre la inamovilidad. Y la de 1929, en particular, proclamó la inamovilidad para todos los jueces. Principio que fue recogido en la de 1986 hasta que en 1998 fue suprimida.

Esta cláusula –sostienen ambos recursos- contradice la Constitución Nacional pero además la misma Constitución de Salta. Esto fue advertido por Horacio Rosatti, el Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su voto.

Allí dijo que “el juez que deba resolver la controversia tendrá que interpretar si las disposiciones de la norma impugnada no solo confrontan la Constitución Nacional, sino también si contrarían las disposiciones de los artículos 150 y 151 de la misma Constitución provincial”.

Salta está a contramano incluso de lo resuelto por la Cumbre Iberoamericana. El “Estatuto del Juez Iberoamericano” aprobado durante la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia en mayo de 2001 es claro. El punto 14 de aquel estatuto firmado por Argentina dice claramente que “Como garantía de su independencia, los jueces deben  ser inamovibles desde el momento en que adquieren tal categoría e ingresan a la Carrera Judicial, en los términos que la Constitución establezca.”

Es Argentina la que está a contramano de esta declaración.

Entonces la inconstitucionalidad del artículo 156 de la Constitución de la Provincia de Salta, es palmaria (así suelen decir los abogados).

El martes, el diputado radical Héctor Chibán señaló que la Corte no puede arrogarse la facultad de declarar inconstitucional una cláusula constitucional, pero desconoce el legislador un antecedente inmediato y nacional. Es de 1999, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional un párrafo del punto cuatro de la Constitución de 1994 que fue aprobada como producto del Pacto de Olivos entre la UCR y el Menemismo. Memoria selectiva, le dicen.

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