El fiscal penal 6, Marcos Ezequiel Molinati, realizó este viernes una inspección en la Unidad Carcelaria Nro. 1 de Villa las Rosas, donde verificó el funcionamiento y la adopción de medidas sanitarias preventivas por la pandemia de Coronavirus. En su recorrida, detectó que 119 internos se encuentra en situación de riesgo ante la crisis sanitaria del COVID-19.
JUDICIALES 27 de marzo de 2020
Mediante la inspección, solicitada a pedido del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, el fiscal Molinati constató que el funcionamiento del penal es normal y que fueron individualizados por el servicio médico penitenciario, un total de 119 reclusos considerados en situación de riesgo por el coronavirus, sobre los cuales se tomaron medidas sanitarias:
Los internos de más de 60 años, se encuentran aislados del resto de la población carcelaria en el pabellón PAM. El resto de internos en situación de riesgo son controlados diariamente por el personal sanitario del penal. Asimismo, se está instalando dentro del penal un pabellón médico, aislado del resto de los pabellones, para eventuales cuarentenas o atenciones a los reclusos.
Por otro lado, se dispuso también una restricción de las visitas solo a los familiares directos, previo control al ingreso del penal por parte de un enfermero afectado a la tarea. También se restringieron las visitas provenientes de otros países.
Todo el personal penitenciario fue preparado para la contingencia y utiliza barbijo y guantes. El personal también cuenta con protocolos ante la posible aparición de un caso de contagio de Covid-19, pero hasta la fecha no se registra ningún caso sospechoso.
Pasado el mediodía de este domingo, un llamado al Sistema 911 alertó sobre que en el domicilio de Avenida Belgrano al 1700 se encontró el cuerpo de una mujer sin vida. El denunciante era el juez Exequiel Molinati y la mujer sin vida, su esposa Paola Mercedes Vega. Por orden judicial, el escenario del caso quedó resguardado para la investigaciones del caso a cargo del CIF. Antecedentes.
Los abogados de la familia de Florencia Acosta, una de las víctimas fatales en el siniestro de avenida Paraguay el domingo pasado, expresaron que accedieron a las capturas de los videos, pero que, entre el lunes o martes, tendrán el acceso a los materiales fílmicos.
El hecho fue denunciado por la madre de un menor, al tomar conocimiento de que había sido citado por un exfuncionario de la municipalidad en un punto de encuentro en la zona del parque San Martín. Finalmente no declaró el acusado de grooming y fue imputado de forma provisional.
Se realizaron allanamientos en varias viviendas de villa San Antonio, en donde se secuestró más de 10 mil dosis de drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, entre otros elementos vinculados a la causa.
La mujer policía que vino desde Buenos Aires y le explotó el vehículo a segundos de cargar el tanque de GNC, pareció desconocer toda la ciencia que significa la utilización de gas licuado en automotores y cómo se preparan los cilindros para su almacenamiento. El interrogante es si realmente se trataba de un cilindro habilitado para ello, o utilizó uno similar en donde además de ponerle paquetes de cocaína, pidió que lo llenaran de GNC, y que no resistió la presión de la carga y explotó dejando añicos al Ford Fiesta y toda la droga desparramada en la estación de servicio oranense.
No sólo las inundaciones son noticias en La Silleta. También lo son por casos lamentables en fiestas de amigos. Una de ellas realizada el viernes terminó con varios amigos lamentando daños impensados por los concurrentes a esa fiesta que pintaron con aerosol todo lo que encontraron a su paso en la mencionada urbanización. Otra fiesta que terminó mal se desarrolló el sábado y se interrumpió cuando uno de los presentes, por razones que se tratan de establecer, recibió un disparo mortal en el pecho, con un arma reglamentaria. Hay tres detenidos: el agente propietario de la pistola Versa y otros dos amigos que participaban de esa insólita fiesta.
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
El diputado provincial lamentó el hecho porque desprestigia a la actividad. “Después se hace difícil convencer a las comunidades que la minería es algo bueno”. Y pidieron desde la Comisión de Minería que al Ejecutivo que explique si “se están respetando las leyes”.
El legislador que preside la comisión de Minería, alertó que, más allá de que desde el Gobierno les decían que venían haciendo controles y que las empresas cumplían, “lo de Posco pasó en Güemes, enfrente de todos”. Pidió sanciones fuertes si se comprueban irregularidades.
El diputado provincial por la Capital, dejó entrever que el ex gobernador en 2011 usó el FRH para la campaña para su hermano que era candidato a senador. Y que el segundo crédito “fue un préstamo político que se usó para la campaña de 2015. “Estamos pagando una deuda por obras que no se hicieron”, aseguró Romero.
El diputado capitalino buscará reactivar la investigación sobre el FRH. “No puede ser que nos estemos endeudando de nuevo para pagar este tipo de préstamos, cuando no sabemos qué se hizo o a dónde se fue esa plata”, aseguró.