Caso Lapad: Nuevas acusaciones y ampliación de la prisión preventiva de los involucrados

Las nuevas acusaciones se formalizaron el lunes 30 de diciembre, cuando el fiscal federal Eduardo Villalba, en una audiencia ante la jueza de Garantías Mariela Giménez, imputó los delitos de transporte de estupefacientes agravado por el número de participantes a Eduar Santillán, Marcelo Cruz, Eva Choque y Luis Figueroa.

Estos nombres se suman a los de Juan Lapad, su hijo Sergio, Nicolás Isaías López, Diego Alberto Juárez, Ramón Jesús Cortez, Teodoro Armando Arias y Enzo Armando Arias, a quienes en la misma jornada se les amplió la prisión preventiva. Habían sido detenido el 19 de octubre en el marco de una serie de procedimientos realizados a instancia de la Procuraduría de Narcocriminalidad NOA, en los que se logró el secuestro de 29 kilos de marihuana cargada en un auto VW Bora conducido por López, quien circulaba por la ruta nacional 81, a la altura del kilómetro 1.880 en la localidad de Hickman, en el norte de la provincia.

Por otra parte, en la localidad de Fortín Dragones, efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un segundo vehículo, un utilitario Peugeot Partner, conducido por Juárez, quien iba acompañado de Sergio Lapad, hijo de Juan Lapad. El resto de las detenciones, en tanto, se registraron en la ciudad de Tartagal y la capital, donde también se realizaron diversos allanamientos y el secuestro de elementos de prueba que llevaron a los investigadores a establecer conexiones de estos acusados con otras cuatro personas.

Otros cómplices

Al respecto, Villalba presentó las pruebas y acusó a Santillán, Cruz, Choque y Figueroa por su vinculación con los primeros acusados. Puso a Juan Lapad y su hijo Sergio al frente de una organización narco criminal, la que habría llevadp adelante diversas actividades del narcotráfico dentro del territorio provincial.

Recordó que la investigación se inició el 26 de julio, con lo que descartó que todo se haya logrado de manera fortuita. Y como prueba de ello resaltó las tareas de inteligencias realizadas y el peso de numerosas intervenciones telefónicas, las que, en definitiva, llevaron a desmembrar la organización.

Para explicar el accionar de la misma, y a través de una presentación digital, Villaba presentó el esquema de accionar de esta banda. "La droga era introducida por Santillán, tras lo cual, bajo la coordinación de Juan Lapad y su hijo, la mercadería quedaba bajo el dominio de los dos acusados Arias y era acopiada en viviendas en Morillo y en Embarcación, antes de llegar a esta ciudad”, explicó.

Indicó que Cruz tuvo una intervención clave, pues la droga se acopiaba en la vivienda que este alquilaba en Embarcación, la que era frecuentada por Sergio Lapad. Asimismo, indicó que Choque también era funcional a la organización, pues era quien recibía la droga en Salta capital para su distribución en bocas de expendio, lo que acreditó, entre otras pruebas, señalando que en su vivienda, al ser allanada, se secuestró 119 gramos de marihuana y su nombre surge de las intervenciones telefónicas.

Respecto a Figueroa, el fiscal sostuvo que era un transportista de la organización, aunque no llegó a comprobarse que hubiese intervenido directamente el día del secuestro de la droga, pero sí los días anteriores, calificando su intervención como partícipe secundario.

Así las cosas, Villalba solicitó la formalización de la investigación para los nuevos acusados, como así también la prisión preventiva para Santillán y Cruz, mientras que para Choque y Figueroa solicitó solamente reglas de conducta, ya que hasta el momento demostraron colaboración con la investigación.

Declaración

Ante las nuevas acusaciones, los cuatro acusados, que estuvieron presentes en la audiencia con sus respectivos abogados defensores, no cuestionaron la imputación de la fiscalía. Sólo Cruz, asistido por la defensa oficial, pidió prestar declaración, oportunidad en la que aseguró ser inocente y rechazó cualquier vinculación con actividades ligadas al narcotráfico. Se presentó como un comerciante conocido en Embarcación, dedicado a la instalación y provisión de sonido en distintos eventos. “Trabaje incluso para la campaña del gobernador Saenz”, mencionó en sus palabras ante la jueza.

Su defensa solicitó como medida de coerción subsidiaria a la prisión preventiva el arresto domiciliario, y para darle mayor fuerza a ese pedido, Cruz, en una ampliación de declaración, reconoció su relación con Sergio Lapad, presente también en la audiencia, pero adujo que era solamente de “amigos”. “Si yo hubiese sabido que él se dedicaba al narcotráfico no le habría dado cabida en mi casa”, afirmó. Reconoció que Lapad solía ir a su vivienda, incluso tenía una habitación en la que se quedaba. Y, en ese sentido, resaltó que la cinta de embalar, bolsa de arpillera y documentación incriminatoria secuestrada, cuando se allanó su casa, estaba en la pieza que él utilizaba.

Sobre dos camionetas de Lapad en su casa, Cruz indicó que llegaron a cambio del préstamo de dinero que le hizo al acusado. De esta manera, tomó distancia del resto de los imputados, sin importarle incriminar en las actividades ilícitas a su amigo. La  fiscalía, en vista de los argumentos esgrimidos por el acusado y los fundamentos de su defensa, solicitó el arresto domiciliario de Cruz. Por último, se plantearon pedidos de informes socioambientales, devolución de dinero y vehículos secuestrados.

En respuesta a todo ello, la jueza Giménez dio por admitida la formalización de la investigación en contra de Santillán, Cruz, Choque y Figueroa, ordenó la prisión preventiva del primero de ellos y dispuso la prisión domiciliaria del sonidista de Embarcación. Asimismo, hizo lugar a los pedidos de informes y la devolución del dinero y vehículos, cuyas titularidades hayan sido comprobadas.

Alerta por posibles maniobras políticas de algunos detenidos

Por otra parte, en esa misma audiencia el fiscal federal Villalba solicitó que se extienda la prisión preventiva de los siete acusados inicialmente. En ese sentido sostuvo que previo a la captura algunos de ellos “fueron avisados” de la investigación.

El representante del Ministerio Público Fiscal alertó sobre maniobras “políticas” que podrían influir en el desenlace del caso. Por ello le solicitó a la jueza de Garantías Giménez la prórroga de la prisión preventiva de los siete acusados, medida que fue admitida por la magistrada en base a los argumentos esgrimidos por el fiscal. La decisión alcanzó a Juan Antonio Lapad y su hijo Sergio Daniel, como así también del resto de la banda, integrada por Nicolás Isaías López, Diego Alberto Juárez, Ramón Jesús Cortez, Teodoro Armando Arias y Enzo Armando Arias.

Vinculaciones

Al solicitar la prórroga de la prisión preventiva de los siete acusados, el fiscal dio detalles del accionar de esta organización, dándole el rol principal a Juan Antonio Lapad junto a su hijo Sergio, quienes dirigían las operaciones que les permitió a los acusados obtener los 29 kilos de marihuana, la que pretendían trasladar a esta ciudad, donde iba a ser comercializada a revendedores locales.

En ese esquema, Villalba indicó que Eduar Santillán, uno de los nuevos imputados en el caso, era el encargado de introducir la droga al país. La hipótesis es que una vez que esto sucedía, Lapad coordinaba para que la droga sea trasladada a viviendas de acopio, tanto en Morillo como en Embarcación, previo traslado a la capital salteña.

Reafirmó que el hecho desbaratado no se trató de un transporte ocasional sino que todos los acusados integraban una organización que ya había llevado adelante otras maniobras de tráfico, las que detalló.

En ese sentido, mencionó el secuestro de 100 kilos de marihuana registrado el 22 de mayo de 2019, en la provincia de Jujuy. Indicó que la droga iba en una camioneta VW Saveiro, cuya titularidad pertenecía nada menos que a Juan Lapad, como así también se comprobó que uno de los dos detenidos por este caso, quien era menor de edad al momento, luego se comunicó con Lapad y ahora está imputado por el nuevo hecho.

Villalba, incluso, fue más allá y resaltó las “vinculaciones políticas” de los acusados, y no descartó que en caso de recuperar su libertad puedan llegar a entorpecer la investigación que se lleva adelante, por lo que solicitó que Lapad, su hijo y el resto de la banda sigan detenidos.

Escuchas

Para reforzar esta idea Villalba reveló que de las numerosas intervenciones telefónicas realizadas por este caso surgen datos que permiten fundar este temor o, al menos, poner en alerta a la fiscalía. Al respecto, remarcó que en una de las escuchas Lapad fue avisado de que estaban siendo investigados por las actividades ilícitas por las que finalmente fueron detenidos y que quien efectuó la llamada hizo referencia “a los tíos”.

Asimismo, destacó también el riesgo de fuga de los acusados en caso de ser beneficiados con una libertad provisoria o con otras medidas sustitutivas, por lo que insistió en que se mantenga la prisión preventiva de los siete acusados detenidos en los procedimientos del 19 de octubre pasado.