Bettina Romero: "Hay que discutir el sistema de las PASO y del voto electrónico"

Desde Europa y usando las redes sociales, el gobernador salteño se hizo eco de las repercusiones del fracaso parlamentario de la Ley Ómnibus, y respondió a las amenazas del gobierno nacional contra las provincias, la lista negra y la acusación de traidores. De paso, Sáenz le facturó: "nunca he sido invitado a participar en ninguna reunión con representantes del Ejecutivo Nacional" por la "llamada Ley Ómnibus".

El intendente tocó temas fundamentales en el municipio de Cachi: obras, proyectos a futuro y la afectación que sufre el municipio con la quita de fondos estatales.

El Gobernador de Salta expuso ante las autoridades de la Comisión Europea en Materia Primas Críticas en Bruselas, capital de la Unión Europea. Lo hizo como parte de la extensa agenda de trabajo que cumplió junto los mandatarios de Jujuy, Catamarca, San Juan y la Secretaria de Minería de Nación.

La reunión fue encabezada por el ministro Ricardo Villada, en donde juntos a otros ministros, brindó un informe a los diputados del estado de la provincia, y se anunció la presentación de un proyecto para declarar la emergencia del transporte, además se bosquejó un panorama en general teniendo en cuenta las últimas medidas del Gobierno Nacional.

Durante la reunión realizada en Bruselas entre los mandatarios de Salta, Jujuy y Catamarca, integrantes de Región Minera del Litio y la Secretaria de Minería de Nación, nombraron al gobernador de Salta para llevar a cabo la Mesa Regional del Litio.

Se trata de Juan Emilio Ameri, quien en una sesión vía Zoom que se transmitía también online, se descuidó de que su cámara estaba abierta y recibió a su pareja en una acción de total intimidad, tras saludarla, le pidió que le muestre los senos y hasta se los beso. Todo se vio en plena transmisión de la Cámara de Diputados, e inmediatamente se convirtió en un escándalo. Sergio Massa, entonces, presidente suspendió el tratamiento y puso a consideración la expulsión del salteño. Ahora el juez Ariel Lijo, candidato a asumir en la Corte Suprema, ordenó un mes de prisión por el delito de perturbación pública.