En un histórico e inédito procedimiento en el país, la Justicia allanó el Arzobispado de Salta en busca de las actas del juicio canónico que se le realizó al presbítero Emilio Raimundo Lamas, quien está acusado de abuso sexual. El procedimiento fue el pasado 3 de octubre pero se conoció recién hoy. Luis Segovia, abogado querellante de víctimas del sacerdote Lamas, da su opinión al respecto,
JUDICIALES 11 de octubre de 2019
Sebastián Alejandro Cardozo
Segovia contó que el pasado 3 de octubre se efectivizó el pedido de allanamiento realizado en distintas etapas y que nunca se había podido conseguir para que el Arzobispado entregue las actas eclesiásticas. “Se secuestraron dos actas que corresponde a la investigación que hizo la Iglesia contra Emilio Lamas y se incorporaron como pruebas”, explicó.
El querellante celebró la actitud de la jueza Mónica Faber para impulsar el allanamiento y dijo que es histórico porque no había sucedido el otro lugar del país. “Hubo mucha discusión jurídica sobre si correspondía o no hacerlo, creo que hay tres ópticas, por un lado la Iglesia piensa que es un Estado dentro de otro, también piensan que es una institución con muchos privilegios que le permiten ocultar y finalmente esta mi postura y la del fiscal en donde pensamos que deben colaborar libremente”, agregó.
El abogado no quiso asegurara que entre las actas secuestradas encontraron la confesión del sacerdote Lamas por los abusos cometidos pero sí adelantó que se toparon con más denunciantes y testigos que reservaran sus identidades. “Tenemos prohibido hablar de las personas, ellos confesaron esos secretos, nosotros vamos a respetar la privacidad de las posibles víctimas pero vamos a usar todos los hechos que sirvan para demostrar lo que le sucedió a mis dos clientes”, añadió.
Cabe destacar que la Corte de Justicia de Salta todavía debe resolver dos pedidos de inconstitucionalidad realizados por la defensa de Lamas para continuar con el proceso, de todas formas, este allanamiento es importante para buscar más pruebas. “Las actas secuestradas no tienen validez por si solas, pero si hay testigos que puedan ser citados, lo importante es conocer nuevas pruebas, no tiene validez una confesión, es decir, es un medio para conseguir nuevas pruebas”, aseguró.
Finalmente, Segovia indicó que Lamas tiene su estado clerical activo porque no está firme la sentencia y es por eso que brinda misas en su domicilio. “Recientemente la justicia rechazó un pedido de modificación de arresto domiciliario. El allanamiento puso fin a una discusión muy larga sobre el poder de la Iglesia pero no puede negarse a colaborar, ahora se podría repetir en otras causas, va a servir como antecedente”, concluyó.
El caso Lamas
En octubre de 2018, Lamas fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser sacerdote y por la guarda en concurso real con los delitos de abuso sexual simple agravado por ser el hecho cometido por sacerdote (tres hechos) en perjuicio de un exmonaguillo y por el delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la guarda de otra víctima.
En diciembre de 2018 y reunidos los elementos probatorios necesarios, el fiscal penal Sergio Federico Obeid, requirió el juicio para Emilio Raimundo Lamas por las denuncias de abuso sexual que habría cometido siendo sacerdote, ante el Juzgado de Garantías 8.
En su requerimiento Obeid detalló las denuncias radicadas por las víctimas y adjuntó el contenido de sus declaraciones filmadas, donde relatan de forma pormenorizada los abusos de los que fueron víctimas y de los que responsabilizan al exsacerdote.
También se consignaron los numerosos testimonios recogidos durante la investigación y la abundante documentación solicitada.
El hecho fue denunciado por la madre de un menor, al tomar conocimiento de que había sido citado por un exfuncionario de la municipalidad en un punto de encuentro en la zona del parque San Martín. Finalmente no declaró el acusado de grooming y fue imputado de forma provisional.
Se realizaron allanamientos en varias viviendas de villa San Antonio, en donde se secuestró más de 10 mil dosis de drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, entre otros elementos vinculados a la causa.
La mujer policía que vino desde Buenos Aires y le explotó el vehículo a segundos de cargar el tanque de GNC, pareció desconocer toda la ciencia que significa la utilización de gas licuado en automotores y cómo se preparan los cilindros para su almacenamiento. El interrogante es si realmente se trataba de un cilindro habilitado para ello, o utilizó uno similar en donde además de ponerle paquetes de cocaína, pidió que lo llenaran de GNC, y que no resistió la presión de la carga y explotó dejando añicos al Ford Fiesta y toda la droga desparramada en la estación de servicio oranense.
Era nada más y nada menos que el director de general de Juventud y Niñez de la Municipalidad y fue detenido cuando debía reunirse con un chico de 12 años en el Parque San Martín. Pero a esa reunión fueron los padres, que lo increparon y llamaron a la policía, que tras la denuncia, lo pusieron a disposición de la justicia. El domingo - para indignación de los padres y mayores investigaciones- el acusado fue liberado por la justicia.
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
El sábado, cerca del mediodía se dio a conocer el hallazgo del vehículo de Luis Quesada, el remisero de la localidad de Pichanal que salió de su casa el martes pasado, y no se sabe dónde está. Y que ahora es buscado por su familia y también por la policía.
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
El ministro de Seguridad de la provincia de Salta, Marcelo Domínguez, estuvo en la cámara de Diputados, para exponer el proyecto de obra, que beneficiaría no solamente al penal de Villa Las Rosas, sino también, a la localidad de Metán, por la súper población que allí existe en las celdas.
El diputado provincial lamentó el hecho porque desprestigia a la actividad. “Después se hace difícil convencer a las comunidades que la minería es algo bueno”. Y pidieron desde la Comisión de Minería que al Ejecutivo que explique si “se están respetando las leyes”.
El legislador que preside la comisión de Minería, alertó que, más allá de que desde el Gobierno les decían que venían haciendo controles y que las empresas cumplían, “lo de Posco pasó en Güemes, enfrente de todos”. Pidió sanciones fuertes si se comprueban irregularidades.
El diputado capitalino buscará reactivar la investigación sobre el FRH. “No puede ser que nos estemos endeudando de nuevo para pagar este tipo de préstamos, cuando no sabemos qué se hizo o a dónde se fue esa plata”, aseguró.