Antecedentes de los policías del caso Gallardo, que Oliver no mostró en Diputados

El caso de Cristian Gallardo, el joven muerto a manos de la policía luego de una detención seguida de una desmesurada golpiza, ha provocado un repudio generalizado. Por la asombrosa autopsia inicial, el procurador intervino el CIF y envió un proyecto de modificación del mismo a la Legislatura. Mañana habrá una nueva movilización exigiendo justicia.

SALTA 04 de septiembre de 2019 El Expreso Política
Carlos Oliver y su gabinete en Diputados
Carlos Oliver y su gabinete ante los diputados. Oliver le pasó la pelota a la Fiscalía. (Omar Barrios)
Esta semana, la visita del ministro de Seguridad, Carlos Oliver, a la Cámara de Diputados dejó en claro que su empeño está distante al esclarecimiento de esta muerte. Por el contrario, su informe reveló cierto intento de justificación de un accionar policial homicida y además de ello, incurrió en un acto de encubrimiento al negar antecendentes de los efectivos imputados.
La reunión con el funcionario se hizo esperar ya que el martes 27 de agosto, en la sesión de Diputados se había reclamado su presencia un día después de la muerte del joven. El funcionario se escudó en la importancia de que se avance con la recolección de pruebas y de la investigación inicial, también se supo que pretendía asistir una vez que se conozca el informe de la autopsia y el posterior examen toxicológico.
En tal sentido, recién el jueves 29 se confirmó el día y la hora de la visita del ministro de Seguridad: lunes 2 de septiembre a las 9. Para ese entonces, ya se conocía el informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales -CIF- y la imputación a cuatro policías involucrados.
Ambas confirmaciones no mostraban una relación coherente con los hechos sangrientos: la autopsia concluyó que hubo una muerte "por causa indeterminada" y la imputación a los policías Ricardo José Antonio Llaves, Ricardo Ezequiel López, Lucas Maximiliano Ozuna y Jorge Antonio Olea fue por el delito de “homicidio culposo”.
Todo indica que Oliver precisaba de medidas como esas para recién enfrentar la interpelación de los diputados, sin embargo, la tenacidad de los familiares, de cierto sector de la prensa que no cayó en el juego de la perversa justificación y el prejuicio y de parte de la dirigencia política, logró que naufraguen los intentos de que el caso quede como uno más en la lista de impunidad. Por lo menos, hasta ahora.
Las denuncias públicas, el aporte de testigos clave y la publicación en nuestro portal digital del video de la morgue aportado por familiares de Gallardo, fueron factores decisivos para que la causa se dinamice.
Las referencias del caso tanto en Diputados como en las sesiones del Concejo Deliberante y del Senado provincial, también aportaron a abrir un camino aún largo de recorrer y que no tiene otra finalidad que el reclamo de Justicia.
 
Encubrimiento
El ministro Carlos Cayetano Oliver dejó huellas comprometedoras tras su paso por la Legislatura el pasado lunes. Su presencia dejó un halo de encubrimiento a los policías involucrados.
En primera instancia, le dio un carácter policíaco a su informe en la reunión con Diputados. Esto se puso de manifiesto de un modo muy claro ya que, la exposición más extensa fue la que detalló de manera pormenorizada los incidentes previos a la detención de Gallardo.
La manera en que describió el minuto a minuto sobre la supuesta comisión de un delito contra la propiedad perpetrado por el fallecido joven fue casi la reproducción del informe de la policía. También justificó el allanamiento sin orden judicial a una vivienda de Finca Independencia, invocando la facultad policial de actuar ante un caso de flagrancia y de acuerdo al Código Procesal Penal.
Pero los detalles, tan bien memorizados por el funcionario se agotaron al momento de responder qué pasó con Gallardo, una vez que fue detenido. No supo responder sobre el primer video que circuló la semana pasada donde se escucha una golpiza tortuosa. Tampoco fue claro al contestar por qué Gallardo no fue asistido por un médico ante una supuesta "descompensación" y menos aún por qué estuvo varias horas en condición de detenido ilegal al no ser trasladado a la Alcaidía General.
Todas esas imprecisiones dieron cuenta de la orientación que Oliver pretendió darle a su informe. Si a eso se le suma el llamativo rol del CIF que motivó la intervención de ese organismo, se refuerza la hipótesis de un claro caso de encubrimiento oficial.
Sin embargo, hay un elemento mucho más concreto que coloca a Oliver en condiciones objetivas de ineptitud para continuar al frente del cargo que hoy ostenta:
En la reunión con los diputados, el ministro exhibió legajos respaldando sus afirmaciones sobre la inexistencia de antecedentes penales de los policías imputados.
Sin embargo, una vez más las pruebas aportadas por la familia desenmascaran la versión oficial y policial: En la planilla prontuarial de los policías imputados, sólo Lucas Ozuna registra el caso de Gallardo como un primer antecedente penal. El oficial José Llaves registra un antencedente penal de mayo de 2018 y es el de "Vejaciones agravadas por el uso de violencia". El suboficial Ricardo López tiene registrado un antecedente de "Violencia familiar" en agosto de 2008, de "Amenazas" en marzo de 2016 y en abril de 2017 otro antecedente grave como "Vejaciones calificadas y privación ilegítima de la libertad". Finalmente, el suboficial Jorge Olea tiene un antecedente de junio de 2017 por "Vejaciones agravadas por el uso de violencia y lesiones graves".
Esos prontuarios, asombrosamente no llegaron a manos del Ministro de Seguridad.
 
Prensa afuera, prensa adentro
En la mañana del lunes, los tanto cronistas parlamentarios como los de exteriores de diferentes medios, asistieron sorprendidos al intento de dejarlos afuera de la reunión entre diputados y el citado funcionario con su equipo.
Un clima enrarecido acompañó la reunión que se realizó en la sala de Presidentes de la Cámara de Diputados. En primer lugar, la presencia de un camión de infantería custodiando la llegada del ministro le imprimió otro clima a la reunión. Luego de eso, una reunión a solas durante veinte minutos entre el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado Germán Rallé y el ministro Oliver, generó el primer intento de sesión secreta: desde la misma se informó que el informe a los legisladores sería a puertas cerradas y sin la prensa.
Lejos de conformarse con esa respuesta, la prensa insistió y le expuso el pedido al presidente de la Cámara que ingresó minutos después de las nueve a la sala. En esa circunstancia, Godoy se mostró sorprendido sobre cómo y por qué, un funcionario del Poder Ejecutivo o peor aún, los empleados de este último, habían resuelto una reunión sin la prensa.
La pulseada la ganó la tenacidad por conocer y transparentar un caso tan grave como este y la reunión se desarrolló con los periodistas como testigos.
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