Caso IKBA: cuatro pedidos de quiebra paralizados y ninguna respuesta

Se van a cumplir dos años desde que Matías Desimone y empleados de IKBA fueron denunciados penalmente. Están imputados pero no se investigó el cierre interspectivo de la cuenta, ni la gran cantidad de rechazos de cheques sin fondos que les dieron a los damnificados. Actualmente, entre los juzgados de Garantías e Impugnación y la Fiscalía, se pasan el expediente uno al otro sin avance alguno.

SALTA 17 de abril de 2019
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A fines del año pasado, el abogado Javier Latorre puso en conocimiento la intención y voluntad inminente de Matias Desimone de concursar a la empresa IKBA, lo cual dejaría un tendal de afectados. Por ese motivo, desde hace dos meses aproximadamente, se inició conjuntamente con el Dr. Fernando Teseyra, cuatro pedidos de quiebra.

¿Por qué este pedido? El pedido obedece a que a medida que pasa el tiempo aumentan las posibilidades de vaciamiento de la empresa y de insolventarse. A la fecha IKBA no ha logrado presentarse en concurso, dado que no pudo reunir los requisitos legales para ello, no obstante, sigue disponiendo de los bienes activos de la empresa en detrimento de los damnificados. Con los pedidos de quiebra se busca remover a Matias Desimone y/o gerentes de IKBA de la administración y disposición de los pocos activos que quedan en la misma designándose un síndico para administrar y poder dar cumplimiento a todos los damnificados que se presenten en la quiebra a verificar su crédito.

De más está decir, que de concretarse esto perjudicaría también a la empresa, dado que ellos pretenden a través del concurso, seguir conservando la administración y eludir una vez más las consecuencias legales de la quiebra (inhabilitación para el comercio, desapoderamiento de bienes de la empresa, prohibición de salir del país, etc.)

Llamativamente el Estado a través de sus organismos, que tiene la responsabilidad de velar por o intereses de las víctimas, dilata injustificadamente todo avance de este tipo de pedidos. En el caso que nos ocupa, si bien las quiebras tramitan ante el Juzgado de Quiebra, las demoras ya no son atribuibles a aquel; sino al Juzgado de Minas y al Registro Público de Comercio e Inspección de Personas Jurídicas que no contesta oficios de mero trámite (cinco reiteraciones) que son indispensables para el avance del proceso de quiebra.

La Causa Penal

Desde Fiscalía de Delitos Económicos Complejos no se investigó jamás las 78 denuncias que el Dr. Carlos Morello, de Defensa del Consumidor le envió desde hace un año: el motivo de no investigar es claro, ya que al cotejar individualmente cada caso encontraremos patrones en común (incumplimiento previo) y luego una serie de convenios y acuerdos celebrados por el Matías Desimone con la clara intención de incumplirlos y ganar tiempo.

Es decir, utiliza un medio legal “el convenio” para convertirlo en un ardid o engaño válido para estafar. Esto lo observamos en todos los cientos de casos, que en caso de investigárselo como corresponde “en conjunto”; quedaría expuesto “el modus operandi” para la Comisión de Delitos y no como meros incumplimientos contractuales como pretende hacernos creer.

Es necesario, alertar sobre esta situación a todos los damnificados atento a que resultarán a futuro infructuosos todo tipo de reclamo judicial por incumplimiento contractual  ya que al encontrarse abierto el proceso de quiebra, estos procesos funcionan como fuero de atracción siendo esta la única vía en la cual, las personas que se presenten en el juicio podrán reclamar, caso contrario será amen de una pérdida de tiempo en doble trabajo donde todo llevará a que deban verificar sus créditos en la quiebra.

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