La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa por vejaciones agravadas en perjuicio de un hombre y que tiene a nueve efectivos policiales imputados.
JUDICIALES 13 de mayo de 2021
Las imputaciones recayeron sobre los cabos Santiago Delfín Jonatan Alcoba y María José Miranda, el sargento Aldo Daniel Chauque y el suboficial principal Leonardo Corrillo, con revista en la Comisaría 104 de barrio Palermo I; quienes fueron acusados de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, y falsedad ideológica, todo en concurso real.
Los sargentos ayudantes Jorge Alfredo Guitián y Jorge Valdiviezo, junto al sargento Jorge Alberto Saracho, con revista en la subcomisaría de Grand Bourg; y el cabo Álvaro Guanca junto al agente Cristian Cruz, con revista en la subcomisaría de Villa Asunción, fueron acusados de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real.
Las actuaciones de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, iniciaron tras la recepción de una copia del decreto de la audiencia de imputación de la víctima de la Fiscalía Penal 1, en la que expresó que el 19 de diciembre de 2020, salió de su casa en dirección al domicilio de un amigo ubicado en barrio Bicentenario.
Relató que cuando caminaba junto a su amigo, frenó el móvil 1723 de la Comisaría 104 de barrio Palermo I, con cuatro policías que comenzaron a insultarlos, por lo que hicieron “oídos sordos” y siguieron caminando, pero la policía los seguía “bardeando”.
Cuando el amigo les pidió que los dejaran de molestar, los policías se bajaron del móvil y los siguieron hasta el domicilio de éste, donde esperaron a que el móvil policial se fuera. Sin embargo, al lugar también llegaron los móviles 1682 de la subcomisaría de Grand Bourg y 1700 de la subcomisaría de Villa Asunción.
Los efectivos patearon la puerta del domicilio, rompieron un vidrio con piedras e ingresaron contra la voluntad de la dueña de casa, donde tiraron al piso al denunciante, lo esposaron y lo golpearon.
Sostuvo que la familia trataba de que los policías se fueran pero que los efectivos no le hacían caso e insultaban a toda la familia, aunque en la casa había menores asustados.
La víctima indicó que fue subida a los golpes a uno de los móviles y que al llegar a la Comisaría lo tiraron al piso. Luego, se sumaron más policías y entre todos, lo patearon.
Tras esto, fue llevado al hospital San Bernardo, donde le diagnosticaron doble fractura de mandíbula, se la inmovilizaron y le dijeron que necesitaba una prótesis de platino y medicamentos. Sin embargo, sostuvo que fue llevado a la Alcaidía y que no le dieron ninguno de los medicamentos indicados en el hospital y que no podía comer.
El informe médico del Gabinete de Medicina Legal del CIF, indicó que la víctima presentaba una fractura de mandíbula y que por las características de la lesión, sería compatible con traumatismo contuso, al golpearse o ser golpeado con o contra un elemento o una superficie dura, con un tiempo probable curación superior al mes y de incapacidad laboral de entre 40 y 60 días. ´
La acusación de falsedad ideológica devino porque los efectivos labraron un acta en la que hicieron constar que la dueña de casa sí había autorizado el ingreso al domicilio, lo cual no sucedió.
Tras analizar las pruebas que surgieron de la investigación, entre las que se encuentra la declaración de la víctima, diversos testigos del hecho, los informes médicos y el estudio de imágenes, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que se encuentra acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal de los imputados.
El sábado, cerca del mediodía se dio a conocer el hallazgo del vehículo de Luis Quesada, el remisero de la localidad de Pichanal que salió de su casa el martes pasado, y no se sabe dónde está. Y que ahora es buscado por su familia y también por la policía.
La mujer policía que vino desde Buenos Aires y le explotó el vehículo a segundos de cargar el tanque de GNC, pareció desconocer toda la ciencia que significa la utilización de gas licuado en automotores y cómo se preparan los cilindros para su almacenamiento. El interrogante es si realmente se trataba de un cilindro habilitado para ello, o utilizó uno similar en donde además de ponerle paquetes de cocaína, pidió que lo llenaran de GNC, y que no resistió la presión de la carga y explotó dejando añicos al Ford Fiesta y toda la droga desparramada en la estación de servicio oranense.
Pasado el mediodía de este domingo, un llamado al Sistema 911 alertó sobre que en el domicilio de Avenida Belgrano al 1700 se encontró el cuerpo de una mujer sin vida. El denunciante era el juez Exequiel Molinati y la mujer sin vida, su esposa Paola Mercedes Vega. Por orden judicial, el escenario del caso quedó resguardado para la investigaciones del caso a cargo del CIF. Antecedentes.
El hecho fue denunciado por la madre de un menor, al tomar conocimiento de que había sido citado por un exfuncionario de la municipalidad en un punto de encuentro en la zona del parque San Martín. Finalmente no declaró el acusado de grooming y fue imputado de forma provisional.
Se realizaron allanamientos en varias viviendas de villa San Antonio, en donde se secuestró más de 10 mil dosis de drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, entre otros elementos vinculados a la causa.
Era nada más y nada menos que el director de general de Juventud y Niñez de la Municipalidad y fue detenido cuando debía reunirse con un chico de 12 años en el Parque San Martín. Pero a esa reunión fueron los padres, que lo increparon y llamaron a la policía, que tras la denuncia, lo pusieron a disposición de la justicia. El domingo - para indignación de los padres y mayores investigaciones- el acusado fue liberado por la justicia.
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
El diputado provincial lamentó el hecho porque desprestigia a la actividad. “Después se hace difícil convencer a las comunidades que la minería es algo bueno”. Y pidieron desde la Comisión de Minería que al Ejecutivo que explique si “se están respetando las leyes”.
El legislador que preside la comisión de Minería, alertó que, más allá de que desde el Gobierno les decían que venían haciendo controles y que las empresas cumplían, “lo de Posco pasó en Güemes, enfrente de todos”. Pidió sanciones fuertes si se comprueban irregularidades.
El diputado provincial por la Capital, dejó entrever que el ex gobernador en 2011 usó el FRH para la campaña para su hermano que era candidato a senador. Y que el segundo crédito “fue un préstamo político que se usó para la campaña de 2015. “Estamos pagando una deuda por obras que no se hicieron”, aseguró Romero.
El legislador provincial le contestó al ex mandatario que esta semana le pegó a los Romero en una entrevista en El Expreso. Dijo que con JMU cayó la obra pública del 23% a 3% y de ser envidiada por Jujuy y Tucumán, cuando se fue “nos habían pasado por arriba”. “Nunca le interesó Salta, lo usó como un trampolín para irse a Buenos Aires”, criticó.